jueves, 14 de enero de 2010

LA INSEGURIDAD JURÍDICA Y LA PRESIÓN POLÍTICA FRENAN LAS FUSIONES DE CAJAS


Las injerencias autonómicas, los intereses de consejeros y directivos, el FROB sin aprobar y el poco empuje del supervisor quitan estímulos a las uniones
Buena parte de las cajas son una amalgama pegajosa en la que se entrecruzan los intereses de los políticos, de los consejeros y de los directivos. Con estas características, jugar a mezclarlas, sacarlas de su lugar de origen y diluirlas no puede ser sencillo. La prueba es que desde 2005 se habla de la necesidad de fusiones en las cajas de ahorros y todavía no se ha cerrado casi ninguna operación.
Sólo el 30% de los activos del sector están implicados en fusiones
El año pasado parecía que iba a ser el big bang. Desde el Gobierno hasta el gobernador del Banco de España hablaron de los pasos que se debían dar para fusionarlas. Pero nada. "Un año perdido. Ese es el resumen de 2009", asevera con pesimismo José María Martínez, secretario general de la rama financiera de CC OO.
Hasta ahora hay 23 cajas, sobre un total de 45, implicadas en diferentes procesos de fusión (ver cuadro). De estas operaciones deberían salir nueve cajas más fuertes. La reducción es de 14 entidades. Un dato en línea con lo que avanzó en noviembre Miguel Ángel Fernández Ordóñez, gobernador del Banco de España.
Sin embargo, las 23 cajas sólo suman el 30% de los activos del sector, lo que demuestra que las implicados no son grandes y que quedan muchos barcos por encontrar puerto, sobre todo en Valencia y Madrid. En los próximos meses llegarán las prisas porque los ingresos financieros caerán alrededor del 20% y habrá dificultades para provisionar la creciente morosidad, apunta Alfonso García, de Analistas Financieras Internacionales (AFI). En su opinión, una de las razones que por las que no se han acelerado los procesos es porque en 2009 se ha ganado más de lo esperado.
Otro motivo que explica el parón es la injerencia política de los comunidades autónomas que han cerrado toda posibilidad de fusiones puras de cajas de distintas regiones, pese a las peticiones de los directivos implicados. Ese tira y afloja entre políticos y profesionales ha retrasado meses algunas operaciones. Al final sólo se permitirán las alianzas a través del Sistema Institucional de Protección (SIP), asociación para compartir recursos y riesgos para ahorrar costes y tener más músculo financiero. Algunos los consideran fusiones cocidas a fuego lento porque no se pueden deshacer. En Andalucía, Galicia, Casitilla y León y Madrid necesitarán autorización previa. "El mantenimiento del poder de los consejeros y ejecutivos ha sido una fuerza anti fusión casi más poderosa que la política", dice un ejecutivo que asesora varios procesos.
Pero el principal freno viene por el temor a que las cajas se conviertan en bancos. Hasta ahora los SIP se han apoyado en la creación de un banco. Juan Ramón Quintás, presidente de la Confederación de Cajas (CECA), considera que este sistema acabará convirtiendo las cajas en bancos. De hecho, la absorción de CCM por Cajastur se ha tenido que basar en un banco, lo ha sido un gran fiasco para el supervisor y los supervisados. La CECA y algunos partidos -como CiU, que tiene una enmienda para presentar en el Congreso-, presionan al Gobierno para que cambie la legislación y los SIP sean "una agrupación de cajas". Pocos creen que lo conseguirán, pero esta posibilidad mete incertidumbre jurídica.
Ordóñez también está entre los causantes del retraso. Tanto Martínez, de CC OO, como Antonio Muñoz, responsable estatal de UGT de cajas, y otros analistas, creen que el gobernador ha sido lento y ha tomado una actitud pasiva. "Debería haber negociado en la sombra con las comunidades y diseñado un mapa de cajas para tratarlo con los directivos... no sólo esperar a valorar las operaciones que le presentan", explican. Los próximos días el mercado apuesta por un SIP de Caja Murcia con Caja Cantabria.
Los sindicalistas también comentan el fiasco del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), que aún no cuenta con el visto bueno de Bruselas, pese a que el Gobierno lo aprobó antes del verano. Esta situación produce inseguridad ya que se desconoce si las operaciones serán aprobadas por la UE.
El sector espera el revulsivo de la llegada de Rato a Caja Madrid y las posibles operaciones con las cajas valencianas. Alfonso García coincide con otros analistas en que para junio el sector no estará reestructurado, como dijo Zapatero, sino sólo con las operaciones planteadas.
Economía pide acelerar las operaciones
El secretario de Estado de Economía, José Manuel Campa, abogó ayer por que la reestructuración de las cajas de ahorros se haga rápido. "La reestructuración financiera no es urgente, pero sí es importante que se haga cuanto antes para que haya una normalización absoluta del crédito y de abastecimiento de los mercados", subrayó Campa, partidario de que el proceso se lleve a cabo en la primera mitad del año, en una entrevista con Europa Press.
Sobre una reforma de la Ley de Organos Rectores de Cajas de Ahorros (LORCA), como pide la Confederación de Cajas, Campa consideró que debe posponerse hasta finalizado el proceso. En su opinión, la legislación actual no requiere cambios sobre los Sistemas Institucionales de Protección (SIP). Los SIP son una asociación de distintas entidades para unir fuerzas, compartir recursos y al mismo tiempo hacer frente a obligaciones conjuntamente.
Campa consideró oportuno introducir cambios a partir de junio que doten a las cajas de más capital. "Es el problema fundamental", resaltó. "Nos hemos dado cuenta de la dificultad de la cajas para capitalizarse y afrontar una situación como la actual", dijo.
(Noticia extraída de El País)

CORBACHO CEÑIRÁ LAS AYUDAS AL EMPLEO A JÓVENES Y MICROEMPRESAS


Al programa de la Presidencia española de la Unión Europea, Corbacho (Valverde de Leganés, Extremadura, 1949) debe unir la realización de los deberes prioritarios que para este periodo le ha encomendado el presidente, José Luis Rodríguez Zapatero: las reformas del mercado de trabajo y de las pensiones. Antes de zambullirse en el cumplimiento de esos compromisos, en la primera entrevista que da este año, el ministro explica a EXPANSIÓN las líneas maestras de ambos proyectos.
Como primera medida en el mercado de trabajo, el Gobierno planteará a la patronal y los sindicatos, a partir del próximo día 20, poner fin a las bonificaciones de las cotizaciones sociales para todos los contratos indefinidos y reorientarlas de manera exclusiva al empleo de los jóvenes, de entre 16 y 26 años, y durante 2010 y 2011. De esta medida también se beneficiarán las empresas que contraten de forma indefinida a las víctimas de la violencia doméstica y a los discapacitados.
Corbacho reconoce que "la universalización", o subvención general de todos los empleos indefinidos, "ha hecho que, a la larga, la medida haya sido inoperante" para conseguir una fuerte reducción del empleo temporal en España. El Gobierno dedicará este año 2.800 millones de euros a la subvención de las cotizaciones sociales en los contratos indefinidos.
Microempresas
Por eso, el Gobierno se propone ceñirla a los colectivos mencionados y, como segundo criterio de aplicación, beneficiar de manera especial a las microempresas, de menos de cincuenta trabajadores. "Debemos estudiar si creamos un contrato con mayores incentivos para este tipo de compañías, porque hemos detectado que se benefician y aprecian más las bonificaciones de cotizaciones sociales que las grandes, a las que no parece influirles tanto en sus costes", explica Corbacho.
Si al cabo de los dos años, el Gobierno comprobase que la medida no funciona o no influye en la contratación de determinados colectivos, el ministro propone "dedicar los recursos resultantes a la formación".
Precisamente, la siguiente medida que planteará el Gobierno a la patronal y los sindicatos tiene que ver con la formación. Frente a la crisis, y para evitar que las empresas recurran facilmente al despido, el Gobierno propondrá a la patronal y los sindicatos impulsar los expedientes de reducción de jornada o de horario laboral, pero intentando que las empresas hagan que los trabajadores afectados por esa medida dediquen a la formación una parte de esa jornada sin trabajo.
Sería una variable del expediente de regulación de suspensión, que lleva cuarenta años aplicándose en España, pero que CCOO calificó como el contrato alemán. "Una empresa que hace suspensión de empleo no tiene vocación de cierre. Por eso debemos ayudarla a que durante un tiempo funcione con una plantilla ajustada y que, cuando mejoren las cosas, pueda recuperar a todos trabajadores, pero mejor formados". Corbacho sostiene, además, que "los expedientes de suspensión de empleo tienen que estar cada vez más relacionados con la formación. Habrá que incentivar a las empresas y los trabajadores para que esto sea así", concluye el ministro.
La tercera medida que planteará el Gobierno a la patronal y a los sindicatos es ampliar la concesión de ayudas a los jóvenes emprendedores de hasta 30 años. Este colectivo ya tiene la posibilidad de cobrar de una vez el 80% de la prestación por desempleo si demuestra que va a crear su propio puesto de trabajo, además de bonificaciones en las cotizaciones sociales.
"En España el despido es libre y rápido si la empresa paga la compensación en 48 horas" El Gobierno estudia ahora que el Instituto de Crédito Oficial (ICO) pueda actuar como avalista del emprendedor cuando solicite créditos blandos a la banca. En este punto también, Corbacho anuncia que pedirá la ayuda de las comunidades autónomas. "En el ámbito del diálogo social tenemos que hacer acuerdos de colaboración con ellas", dice el ministro, consciente del elevado nivel de competencias que tienen las comunidades autónomas.
Agencias privadas
En su cuarta propuesta a la patronal y a los sindicatos para reformar el mercado de trabajo, por primera vez, pero con condiciones, el Gobierno abrirá la puerta a la participación de las agencias privadas de colocación en la intermediación laboral. Ésta es una vieja reivindicación de las empresas de trabajo temporal, que quieren dar este paso y, en consecuencia, de la CEOE.
Bien es verdad que Corbacho matiza algunos puntos. "La Administración [los Servicios Públicos de Empleo] debe tener la autoridad; el régimen de concesión; la supervisión y la inspección, porque en este sector no puede entrar cualquiera. La intermediación laboral no puede estar prohibida a las agencias privadas de colocación, pero no todo puede estar sometido al mercado", explica Corbacho.
Relacionada con esta cuestión, el Gobierno tiene intención también de abordar en el diálogo social la posibilidad de que las empresas de trabajo temporal puedan entrar en algunos sectores de riesgo y en la Administración.
"Las agencias privadas deben estar en el mercado laboral, pero con control administrativo"
Medidas para el mercado laboral
1. El Gobierno quiere dedicar "todos los recursos disponibles" a incentivar con bonificaciones de las cotizaciones sociales a las empresas que contraten a los jóvenes de entre 16 y 26 años. El 40% está en paro.
2. En este programa de subvención de las cotizaciones sociales, el Ejecutivo dará preferencia a las microempresas, con menos de 50 trabajadores, que aprecian mejor las ayudas que las grandes.
3. El ministro de Trabajo se plantea incentivar a las empresas que hagan expedientes de reducción de jornada y a los trabajadores afectados cuando dediquen una parte del tiempo a mejorar la formación.
4. El Gobierno propondrá a la patronal y los sindicatos que el ICO pueda actuar como avalista para que los emprendedores de menos de treinta años puedan obtener créditos blandos de la banca.
5. Corbacho planteará en el diálogo social la entrada de las agencias privadas de colocación en la intermediación laboral. Impondrá como condición la tutela, supervisión y control de la Administración.
6. Por obligación de la Unión Europea, el Gobierno estudia también la entrada de las empresas de trabajo temporal en la colaboración con el sector público y en actividades de riesgo, como la construcción.
7. En respuesta a las peticiones de la patronal CEOE, el Gobierno también propondrá en la concertación abordar medidas para luchar contra el fraude y la picaresca en el absentismo laboral.
8. El Ejecutivo es consciente de que el mercado de trabajo está dividido entre trabajadores fijos y muy protegidos y temporales, con precariedad laboral, pero no será él el que proponga abaratar el despido.
9. El Gobierno planteará un proceso de diálogo social "sin prisa, pero sin pausa; sin fijar fechas límite ni la obligación de alcanzar un acuerdo sobre el todo, sino más bien con la posibilidad de llegar a pactos parciales"
(Noticia extraída de Expansión)

TRABAJO INCENTIVARÁ MÁS A QUIEN CONTRATE A JÓVENES Y PARADOS MAYORES DE 45 AÑOS

El documento de reforma laboral que el titular de Trabajo, Celestino Corbacho, defenderá en el Consejo de Ministros del próximo día 22 focalizará la atención sobre los incentivos a la contratación de jóvenes y parados de larga duración.

La dirección del Grupo Parlamentario Socialista abordó ayer en el Congreso las prioridades legislativas de este periodo de sesiones, entre las que brilla con luz propia la reforma laboral. Trabajo llevará al Consejo de Ministros del día 22 su propuesta, a partir de las negociaciones que vienen manteniendo desde hace semanas los sindicatos y los empresarios. Estas recuperarán su carácter formal el miércoles de la semana que viene, día 20. Los incentivos a las empresas que contraten a jóvenes y a parados mayores de 45 años serán uno de los pilares del documento que el Gobierno trasladará a los interlocutores sociales. Según las últimas estadísticas de Eurostat el paro juvenil en España ronda el 44%.

Estos son los dos perfiles de parados que más preocupan al Gobierno, que también presentará a sindicatos y empresarios un plan completo para fortalecer los programas de formación profesional. Al contrario de lo que ocurrió en el verano de 2009, esta vez sí se percibe optimismo en el Ejecutivo sobre las posibilidades de alcanzar un amplio acuerdo con los agentes sociales sobre la reforma del mercado de trabajo, a pesar de las limitaciones que derivan de la buena relación personal que mantienen José Luis Rodríguez Zapatero y el secretario general de UGT, Cándido Méndez, y también de la debilidad por la que atraviesa el presidente de CEOE, Gerardo Díaz Ferrán.

Este optimismo se basa en los acuerdos que están siendo cocinados en la sombra entre los dos principales sindicatos y la CEOE dentro de un trabajo discreto que se quiere culminar con éxito una vez se reabra la mesa formal de la negociación. En estos contactos discretos se está abordando una amplia agenda que incluye también, según las mismas fuentes, la participación de las empresas de trabajo temporal en la intermediación laboral, en línea con el contenido de varias iniciativas parlamentarias que han sido aprobadas por práctica unanimidad en el Congreso.

El calendario legislativo que maneja la dirección del Grupo Socialista reserva también un capítulo especial a la futura ley de Economía Sostenible y a la ley de Ciencia. La primera entrará en el Congreso en la tercera semana de febrero y la segunda en la primera de marzo, según cálculos gubernamentales. En estos momentos, el anteproyecto de ley de Economía Sostenible está sometido al estudio de los órganos consultivos, entre ellos la Comisión Nacional de Competencia, la Comisión Nacional de la Energía, la del Mercado de las Telecomunicaciones, la Comisión Nacional del Mercado de Valores, el Banco de España y los colegios de notarios y registradores. La vicepresidenta económica, Elena Salgado, tiene intención de abordar de nuevo el contenido de este proyecto con sindicatos y empresarios antes de su traslado definitivo al Consejo de Ministros.

Futura Ley de Ciencia

Hay una parte de esta ley que se solapa con la futura Ley de Ciencia. Esta última será remitida al Congreso, previsiblemente, en la primera semana de marzo. La ministra de Ciencia e Innovación, Cristina Garmendia, está convencida de que alcanzará un alto grado de acuerdo con los grupos parlamentarios para que la ley pueda entrar en vigor antes de que finalice en junio el actual periodo de sesiones.

En este proyecto que pronto entrará en fase de borrador se definen los parámetros de una carrera científica predecible, un sistema de financiación estable y eficiente, además de reconocerse la dimensión autonómica de la actividad de investigación e innovación. En estos momentos, España es la novena potencia científica del mundo y Cristina Garmendia se propone hacer valer esta posición durante el semestre comunitario, a partir de un programa que persigue utilizar la ciencia como palanca de la recuperación económica.

Más paro en enero

El ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, aventuró ayer que el ajuste del empleo seguirá en enero, "pero de forma mucho más moderada que el año pasado". Así, espera que los nuevos parados no queden muy lejos de los 65.427, la media registrada entre 2001 y 2007.

Las cotizaciones, fuera de la negociación

El ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, criticó ayer la propuesta del presidente del PP, Mariano Rajoy, de recortar en dos puntos las cotizaciones a la Seguridad Social, una rebaja que, según el primero, costaría a las arcas públicas 8.000 millones. Corbacho instó a Rajoy a "anteponer los intereses de los siete millones de pensionistas actuales y de los futuros", y a trabajar con el Gobierno y los agentes sociales para llegar, dentro del Pacto de Toledo, al futuro modelo de Seguridad Social. El ministro afirmó que la mesa del diálogo social, que se reabre con los primeros espadas el día 20, no abordará el tema de las cotizaciones. Corbacho, que dos días después llevará al Consejo de Gobierno su propuesta de reforma laboral, auguró que algunas reformas, como la instauración del "contrato alemán", podrían acordarse en uno o dos meses, informa M. Ezquerra.

(Noticia extraída de Cinco Días)